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1 de febrero de 2023El secuestro de niños bajo la lupa de la ley
José Antonio Romero ha indagado sobre cómo actuar si el padre o madre retiene al menor en otro país
Noticia del periódico HOY.
Al abogado pacense José Antonio Romero Porro le llegó un cliente casado con una brasileña. Su caso: se fueron de vacaciones a Brasil con el hijo de ambos, de cinco años. Como él tenía que incorporarse al trabajo regresó a Extremadura un mes antes de lo que estaba previsto hicieran su esposa y su hijo, que ya estaba matriculado en su colegio de Badajoz para comenzar el curso. Ella nunca volvió y decidió quedarse allí con el niño de ambos. Dos años después, el hombre está aún a la espera de sentencia tras un tortuoso proceso judicial.
Las investigaciones realizadas por el letrado Romero han dado lugar a ‘El secuestro internacional de menores. Guía práctica y análisis crítico del proceso de restitución’. Este trabajo, de 35 páginas, fue premiado el jueves pasado con el premio Antonio Cuéllar Grajera que concede anualmente el Colegio de Abogados de Badajoz. Entre sus conclusiones destaca que no se suelen respetar los plazos legales de seis semanas para resolver el conflicto, lo que suele favorecer a quien decide saltarse la ley. También que la complejidad del proceso es alta debido al trascendental bien que se reclama, un menor. Además, no es optimista sobre que predomine la justicia en un tipo de casos que, según ha comprobado, «suele provocar un auténtico drama familiar, ya que normalmente no sólo afecta al padre o a la madre, sino también al resto de la familia como abuelos, tíos, primos .».
José Antonio Romero explica que esta cuestión tiene de marco jurídico internacional el convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980. Éste crea autoridades centralizadas en cada país (normalmente el Ministerio de Justicia), donde se presenta la documentación para que se dé traslado a la autoridad central del país requerido y que arranque un proceso con normas diferentes según el lugar.
Si bien en la Unión Europea hay homogeneidad en muchos criterios, «en general las leyes son maternalistas», y debido a la dilación «desesperante» de los procesos suele influir el arraigo del menor en el nuevo país, lo que dificulta la restitución, valora el abogado extremeño.
En su caso, en Brasil se topó con unos retrasos que excedían el límite legal de seis semanas pues llevan dos años con el proceso y aún no hay sentencia. Además, por sorpresa les requirieron un traductor en el último momento previo a la vista cuando ya estaba en Brasil con el cliente y el padre de éste. «Pedimos ayuda a la embajada de España, que nos derivó al cónsul de Salvador de Bahía, el cual no nos apoyó en ningún momento y nos tuvimos que buscar la vida», se queja Rodríguez, quien en su guía recomienda a los compañeros de profesión armarse de paciencia.
El mediático caso de Juana Rivas puso sobre la mesa este tema. Según explica, cada vez es más frecuente que haya padres divorciados, igual que parejas donde él o ella tiene otra nacionalidad.
En el caso de Extremadura la cercanía con Portugal hace que sea común cambiar de país con el menor, una serie de casuísticas que aconsejan saber a qué a atenerse desde el punto de vista legal. «Mucha gente no sabe que si hay riesgo de fuga de un padre o madre extranjero se puede pedir al juez que se prohiba a esa persona salir de España o la retirada del pasaporte», pone como ejemplo ante la gran cantidad de posibilidades sobre las que creyó necesario que había que investigar.
